Lorca reforzará significativamente su seguridad y la protección de bienes municipales con la instalación de 17 nuevas cámaras fijas de videovigilancia. Esta ampliación, autorizada por la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, elevará a un centenar el total de dispositivos de seguridad en el municipio, cubriendo tanto el casco urbano como las pedanías. De los 17 dispositivos, 15 serán adquiridos por la empresa municipal Limusa, con el objetivo de vigilar y proteger las infraestructuras y elementos esenciales del servicio de recogida de basuras. El Consejo de Administración de Limusa aprobó el pasado 9 de octubre el inicio del procedimiento de licitación para su adquisición. Estas cámaras se ubicarán en puntos identificados como susceptibles de sufrir actos vandálicos, como la quema de contenedores y otros daños en los bienes vinculados a la gestión de residuos. Su función principal será prevenir estas conductas y facilitar el esclarecimiento de los hechos cuando se produzcan. El concejal de Limusa, Juan Miguel Bayonas, ha destacado que “los dispositivos se destinarán a la vigilancia de contenedores e infraestructuras del servicio de recogida de residuos en puntos susceptibles de sufrir daños. Las imágenes servirán de apoyo a la Policía Local cuando sean necesarias para sus actuaciones, conforme a las condiciones de la autorización y a la normativa aplicable”. Bayonas añadió que las cámaras también ayudarán a detectar el depósito incorrecto e incontrolado de basura, previniendo acumulaciones y situaciones de insalubridad. Las dos cámaras restantes serán adquiridas directamente por el Ayuntamiento de Lorca y se destinarán a la vigilancia y protección del nuevo centro de deportes urbano. La instalación de estos sistemas busca reforzar la prevención de actos vandálicos y facilitar la identificación de los responsables, proporcionando una herramienta esencial de apoyo a la Policía Local. El Ayuntamiento recuerda que causar daños o deteriorar bienes de uso o servicio público constituye una infracción leve, según el artículo 37.13 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, pudiendo acarrear multas de entre 100 y 600 euros. “Se trata de reforzar la seguridad y la protección de bienes e instalaciones que utilizan los vecinos. Los actos vandálicos pueden afectar al funcionamiento de los servicios municipales y ocasionar molestias y riesgos para quienes se encuentran en sus inmediaciones. Estas cámaras aportarán una herramienta de apoyo para prevenir estas situaciones y facilitar la actuación de la Policía Local cuando sea necesario”, concluyó Bayonas. Más información en https://mci2.es/