Lorca, 1 de octubre de 2026. El Ayuntamiento de Lorca ha presentado formalmente alegaciones al nuevo Proyecto de Real Decreto sobre gestión de los riesgos de inundación, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Consistorio lorquino considera que la normativa, tal como está planteada actualmente, no tiene en cuenta las características especiales del municipio, poniendo en jaque su desarrollo urbano, viviendas, actividad económica y sector agrario. María Hernández, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, y Ángel Meca, concejal de Infraestructuras, han explicado que el Ayuntamiento busca modificaciones para evitar que las nuevas restricciones tengan consecuencias desproporcionadas. A pesar de que las zonas inundables representan aproximadamente el 5% del término municipal, se concentran precisamente en el casco urbano, áreas residenciales, sectores de crecimiento y parte del conjunto histórico. “No se puede medir la situación de Lorca sólo con un porcentaje. Ese 5% afecta precisamente a las zonas donde viven los vecinos, donde están muchas viviendas y donde tiene que seguir creciendo la ciudad”, afirmó Hernández. El Ayuntamiento destaca que el proyecto no permite a Lorca acogerse a un régimen especial, ya que este solo se contempla para municipios con al menos un tercio de su superficie afectada por zonas inundables. Sin embargo, el Consistorio argumenta que si se analiza únicamente el suelo urbano y urbanizable, la afección supera el 33%, un dato que solicita que se tenga en cuenta. La nueva normativa endurece las condiciones para construir en zonas inundables, limitando nuevos usos residenciales y determinadas construcciones bajo rasante, como sótanos y garajes. Lorca pide diferenciar claramente entre una vivienda nueva y una ya existente, y reclama que se puedan seguir realizando obras de rehabilitación y mejora siempre que no aumenten el riesgo. Además, el plazo de cinco años propuesto para adaptar el Plan General Municipal de Ordenación se considera insuficiente para una modificación de esta envergadura. El Consistorio también advierte de las significativas consecuencias económicas y sociales que la nueva regulación puede acarrear. La consideración de un terreno como zona inundable podría afectar a su valor, posibilidades de construcción, financiación y futuros proyectos de inversión en sectores clave como la agricultura, ganadería, industria, comercio o logística. “No podemos cargar todas las consecuencias sobre agricultores, ganaderos, propietarios y empresas mientras siguen pendientes las infraestructuras que deben reducir de verdad el riesgo de inundación”, añadió Ángel Meca, instando a proteger las explotaciones existentes para que puedan modernizarse. Otra de las principales reclamaciones es que las nuevas limitaciones urbanísticas deben ir acompañadas de la ejecución de las infraestructuras necesarias para reducir el riesgo real de inundación. El Ayuntamiento recuerda la existencia de actuaciones pendientes en las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla, así como el canal Béjar-Biznaga, que pueden modificar sustancialmente las zonas consideradas inundables. Por ello, se solicita que la futura normativa obligue a revisar los mapas de riesgo conforme se ejecuten estas infraestructuras y se avance en su financiación y plazos. Finalmente, se pide un tratamiento especial para el casco histórico de Lorca. El proyecto plantea medidas como elevar determinadas plantas de los edificios, lo cual podría ser incompatible con la protección patrimonial y alterar la imagen tradicional del centro. Se reclaman soluciones adaptadas que mejoren la seguridad sin perjudicar el patrimonio. María Hernández concluyó que “queremos una norma que proteja a los lorquinos frente a las inundaciones, pero que tenga en cuenta la realidad de nuestro municipio. Proteger a las personas no puede significar bloquear el futuro del municipio” Más información en https://mci2.es/