El Gobierno regional, en un frente común con otras cinco comunidades autónomas, ha elevado una reclamación formal para asegurar que sus alegaciones al Reglamento de Costas lleguen directamente a Bruselas. Esta iniciativa conjunta busca influir en las decisiones europeas que afectarán directamente a la gestión del litoral español. El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha sido enfático al destacar la relevancia de esta acción. Según sus declaraciones, “la Unión Europea debe conocer la realidad de los territorios que gestionan el litoral antes de adoptar una decisión sobre el procedimiento abierto contra España”. Esta postura subraya la importancia de que las autoridades comunitarias comprendan las especificidades y desafíos a los que se enfrentan las regiones costeras antes de cualquier pronunciamiento definitivo. La unión de estas seis comunidades autónomas refleja una preocupación compartida por el impacto de las normativas de costas en el desarrollo y la sostenibilidad de sus zonas litorales, buscando una voz unificada ante las instituciones europeas. Más información en https://mci2.es/