La concejalía de Economía y Hacienda de Lorca, con Belén Pérez al frente, ha levantado la voz de alarma tras la publicación del Real Decreto-Ley 13/2026, un texto que, lejos de ser la panacea para las arcas municipales, se ha convertido, según sus palabras, en una 'paradoja total' para el municipio. Mientras el Consistorio celebra haber cerrado 2025 con un envidiable superávit de 5,6 millones de euros, un remanente de tesorería de 8,4 millones y una deuda que se proyecta en mínimos históricos para 2026 (apenas 13 millones), la flamante normativa del Gobierno central parece tener un talento especial para penalizar a los cumplidores. El colmo de la ironía es que Lorca, a pesar de su saneada economía —fruto de una gestión que ha reducido la deuda de 105 millones en 2008 a 23 millones en 2025 y un periodo medio de pago a proveedores de 21 días—, se verá privada de ingresar cerca de 3 millones de euros. ¿El motivo? Los retrasos en las 'entregas a cuenta' del Estado, que solo serán efectivas a partir de septiembre de 2026. Belén Pérez no ha dudado en calificar estas medidas como 'un parche más ante la falta de Presupuestos Generales del Estado'. La edil lamenta que, pese a su 'responsabilidad y rigor' y haber aprobado 'tres presupuestos en tres años', el municipio no pueda acogerse al RD y, en cambio, se vea asfixiado. La ‘trampa’ reside en las condiciones. La normativa permite destinar el superávit de 2025 a gastos no financieros, pero Lorca, con sus 5,6 millones, no puede hacerlo. ¿La razón? Un 'pecado' heredado: el incumplimiento de la Regla de Gasto en 2024, 'consecuencia de la época de despilfarro del mandato anterior, con 22 millones fuera del presupuesto', según Pérez. Es decir, se castiga la gestión actual por errores del pasado, obligando al Ayuntamiento a seguir con un Plan de Ajuste que lo ata de pies y manos. Además, aunque el RD permitiría destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, Lorca tampoco puede por tener un Plan de Ajuste en vigor, que la fuerza a reducir deuda. Y si pensaban que la cosa acababa ahí, el RD para los años 2026-2030 destina el superávit del año anterior a inversiones sostenibles solo en el Programa '152 vivienda', pero, ¡oh sorpresa!, Lorca no puede acogerse en 2026 porque su PEF de 2025 lo prohíbe. Una auténtica carrera de obstáculos burocráticos que suma y sigue. En definitiva, mientras el Gobierno de Fulgencio Gil ha logrado una estabilidad financiera digna de aplauso, el Real Decreto-Ley 13/2026 se erige como un muro, dejando al Ayuntamiento de Lorca en una 'paradoja total': con las cuentas saneadas, pero sin poder dirigir ese dinero a las inversiones que el municipio necesita. Una historia de 'hacer las cosas bien para salir perjudicado', que podría repetirse en muchos otros ayuntamientos del país.
