Lorca, 19 de mayo de 2026. En un movimiento que demuestra que la burocracia, a veces, también puede ser flexible, el Gobierno de Lorca ha decidido tomar cartas en el asunto para proteger a sus pequeños ganaderos. Específicamente, a aquellos dedicados al porcino, que han estado haciendo malabares para subsistir entre la falta de agua, las 'trabas administrativas' y la implacable modernización del sector. Desde el Servicio de Planeamiento, y en una coordinación que se presume intensa con la Concejalía de Ganadería, se llevará al próximo Pleno la aprobación inicial de una modificación que, en esencia, otorga un régimen específico para las pequeñas granjas ganaderas. El objetivo es tan ambicioso como necesario: posibilitar su conciliación con la norma actual, sin que ello implique tener que desaparecer o relocalizarse. Ángel Meca, concejal de Ganadería y Agricultura, lo expuso con la claridad de quien conoce bien el terreno: “Hablamos de pequeñas parcelas, ganaderos que han logrado subsistir aún con la falta de agua y las trabas administrativas y legales. Lo que estamos haciendo es favorecer que no se encuentren en desventaja ante las nuevas y grandes industrias”. Una frase que, dicho sea de paso, sugiere que hasta ahora quizás no partían en igualdad de condiciones. Por su parte, María Hernández, edil de Urbanismo, señaló que esta iniciativa “supone un paso decisivo dentro del proceso de armonización social”. Un proceso que, al parecer, requiere de una adaptación de la propia ley para que el pequeño ganadero “el que lleva toda la vida trabajando en su finca, pueda cumplir con todos los requisitos que le exige la ley, teniendo, además así, todas las garantías”. Un reconocimiento implícito a que el camino hacia la legalidad plena no siempre es una autopista. La medida clave es la “aprobación inicial de la modificación Nº79, no estructural”, diseñada para ofrecer un régimen transitorio urbanístico específico a las explotaciones porcinas existentes. Estas granjas se vieron afectadas por un proceso de regularización administrativa derivado de una Orden del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de marzo de 2023. El quid de la cuestión es que muchas de ellas están ubicadas en suelos clasificados como Urbanizable sin sectorizar o No Urbanizable, y el objetivo es, sencillamente, “dar continuidad al Régimen Transitorio que permite respetar la actual ubicación de las parcelas de ganado porcino existentes” mientras se adecúan a las normas de bienestar animal. Según Meca, esta 'ingeniería legislativa' beneficia a “pequeñas granjas fincas que están funcionando más de 20 años y que están ya situadas en suelos que no han tenido o no van a tener desarrollos urbanísticos a medio o largo plazo”. De un total de 52 titulares interesados inicialmente, la modificación autorizará provisionalmente 13 expedientes y de forma definitiva otros 24. El proceso, como era de esperar, no ha sido baladí. Se han solicitado informes de conformidad a un total de 17 organismos públicos, incluyendo doce de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Direcciones Generales de Patrimonio Natural, Ganadería, Agua, Medio Ambiente, entre otros) y cinco de la Administración General del Estado (Confederación Hidrográfica del Segura y Mancomunidad de Canales del Taibilla). Incluso, en un gesto de buena voluntad hacia el medio ambiente, se ha consultado a Ecologistas en Acción y a la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE-Murcia). Porque, ya se sabe, el 'consenso y diálogo' no se logran solos.
